Tras la condena a prisión por abuso sexual, Diego García fue desvinculado de inmediato por Peñarol. El fallo generó impacto en el ámbito deportivo y abrió un fuerte debate sobre responsabilidad institucional.

Minutos después de conocerse la condena, Peñarol comunicó la rescisión automática del contrato de García. El club había incorporado una cláusula específica que autorizaba cortar el vínculo en caso de una sentencia desfavorable en el proceso penal que enfrentaba el jugador. La institución sostuvo que no tolerará conductas incompatibles con sus valores.

La decisión del club uruguayo se produjo en medio de un fuerte clima social y mediático, con reclamos para que las instituciones deportivas adopten políticas más estrictas frente a casos de violencia de género. La sentencia reavivó la discusión sobre el rol de los clubes en la prevención y acompañamiento de víctimas.

El caso de García vuelve a poner en agenda la necesidad de contar con protocolos efectivos y medidas de protección en el deporte profesional. La desvinculación inmediata fue interpretada como un intento de la dirigencia de marcar una postura firme ante la gravedad del fallo.