El éxito de la prohibición de redes sociales a menores de 16 años dependerá en gran medida de la supervisión y concienciación en el hogar.

Aunque la ley establecerá una prohibición formal, el Gobierno español ha subrayado que la colaboración de los padres y tutores será fundamental para que la medida sea efectiva. La restricción de acceso a redes sociales para menores de 16 años busca ser una herramienta de apoyo para que las familias recuperen el control sobre el consumo digital de sus hijos.

Asociaciones de padres han expresado que la normativa les otorga un marco legal sólido para justificar la negativa a entregar dispositivos móviles o permitir el registro en plataformas antes de tiempo. No obstante, demandan más recursos públicos para la formación de los adultos en seguridad informática.

La ley también contempla campañas de sensibilización para explicar que el objetivo no es «censurar», sino proteger el desarrollo madurativo de los jóvenes. La corresponsabilidad entre Estado, empresas y familias es el eje central de esta política pública.